La construcción de una nación multicultural implica el reconocimiento de la diferencia en busca de la unidad.
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La Constitución Política de 1991 reconoce al menos tres grupos de poblaciones diferentes al grueso de habitantes de la nación: indígenas, afrocolombianos y rom (o gitanos), conocidos como comunidades étnicas. Después aparecen leyes, decretos y movilizaciones que le han dado visibilidad a otros actores sociales -como las comunidades campesinas-, los cuales terminan de configurar la diversidad cultural colombiana y recomponen la red de relaciones al interior del Estado.
Tenemos entonces una composición diversa en Colombia, característica importante -y a la vez problemática- para la construcción de país. Con estas condiciones, la realidad no se reduce a una sola historia o a una sola forma de ver el mundo, sino que resulta de la conjunción de múltiples cosmogonías que, en su esencia, se manifiestan en cómo cada grupo humano se relaciona con la naturaleza.
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Ese proceso relacional se encuentra -desafortunadamente- muy lejos de ser armónico, pues todavía a un sector mayoritario de la población le cuesta interiorizar la idea de una nación diversa sin separarla de prejuicios o estereotipos clichés respecto a lo indígena y lo afro.
De allí que el acercamiento entre poblaciones sea un ejercicio necesario para entender los contextos involucrados, sus respectivas necesidades y cómo el trabajo conjunto puede traducirse en beneficios para todas las partes.
No es necesario compartir las mismas ideas. La confluencia de diferentes visiones de desarrollo es fundamental y se enmarca en la presencia de unos instrumentos de ordenamiento territorial similares -sin importan la población-, como los planes de desarrollo nacionales o los planes de vida de las comunidades indígenas y afro.
Estos planes involucran la ejecución de proyectos que están pensados para generar mejoras en las dinámicas comerciales, la interconexión entre regiones o la generación de energía -para aumentar la cobertura nacional-, pero a su vez generan impactos ambientales y sociales negativos en el área de influencia, los cuales derivan en la alteración de dinámicas abióticas, bióticas y socioeconómicas.
En el caso de las minorías, mitigar esos impactos involucra un proceso participativo que reconozca su contexto y sus necesidades. Así surge la consulta previa, integrada en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 21 de 1991 y reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental de las comunidades indígenas, afro y rom.
En términos de diversidad cultural, la consulta previa aparece como una relación intercultural de gran importancia, pues manifiesta el reconocimiento de múltiples grupos humanos con formas diferentes de ver el mundo. Por eso, aunque el proceso involucre los mismos pasos, es diferente realizarla con los Wayuu de La Guajira, con los Andoque del Amazonas o con la Comunidad Negra del Río Anchicayá. Cada comunidad tiene un constructo cultural particular, el cual es el resultado de años de relación con su contexto natural y social.
A través de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el Estado lleva a cabo este proceso a partir de una serie de pasos que han sido consignados en la Directiva Presidencial 10 de 2013: preconsulta, apertura de consulta, taller de identificación de impactos y medidas de manejo; formulación de acuerdos y protocolización.
Cabe aclarar que la consulta previa no es un obstáculo, sino una obligación inherente a los proyectos de desarrollo que el Gobierno y las empresas implementen en territorios habitados por comunidades étnicas. Inclusive, también es posible asumirla desde marcos interpretativos más humanos, donde adquiere la relevancia que se merece.
Una consulta previa que respete el principio de buena fe, que sea previamente informada, culturalmente adecuada y que pretenda llegar a acuerdos no tiene por qué significar inconvenientes para los tiempos estimados de un proyecto. Y si hablamos de derechos humanos, ordenamiento territorial y cuidado de los recursos naturales, este procedimiento entrega herramientas que conducen hacia un entendimiento más amplio de la realidad.
Por eso, y porque las comunidades étnicas pueden ser aliados importantes en el desarrollo de proyectos, en tanto aportan saberes, legitimidad y facilitan el diálogo, la consulta previa se convierte en un componente valioso de la gestión de sostenibilidad de un proyecto.
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